España: La represión conserva la salud del Reino
Desde el Ferrol del Caudillo, escribe Armando Puente:
La nota reservada enviada por el Ministerio de Trabajo a los gobernadores y presidentes de los sindicatos estatales anunciaba una ola de huelgas "como consecuencia de varias circunstancias coincidentes": el rápido encarecimiento del costo de la vida (un 14 por ciento en 1970; un 19 por ciento en 1971), el escaso éxito de las medidas monetarias para conseguir la reactivación, las dificultades de muchas empresas para hacer frente a las demandas de aumentos de salarios ante la expiración de la vigencia de gran número de convenios colectivos, la posible intensificación de las actividades de las organizaciones gremiales clandestinas, por haber sido puestos en libertad muchos de sus líderes, beneficiados con el indulto concedido por Francisco Franco a fin de año.
La minuta ministerial enumeraba una serie de focos huelguísticos, dando instrucciones precisas para hacer frente a los conflictos laborales: no permitir que se prolongasen excesivamente las negociaciones, y en el caso de que patronos y obreros no llegasen a un acuerdo en el plazo máximo de un mes, suspender las deliberaciones. También se ordenaba recurrir a esta fórmula antes, “en cuanto surja la primera chispa huelguística". En ese mismo instante correspondía actuar al Ministerio del Interior, ya que "todo conflicto laboral es siempre un conflicto político y de orden público. La rápida intervención de la policía evitará así que se extiendan o consoliden”.
Las previsiones del Ministerio de Trabajo tenían igualmente en cuenta a la prensa, indicando que "deben darse orientaciones para que se silencien o reduzcan al máximo la mayor parte de las noticias o informaciones sobre esos conflictos".
Entre las industrias donde se temía que se produjesen medidas de fuerza, la nota mencionaba, en tercer lugar, a la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, lo que no era simple azar, sino consecuencia de una información exacta del gobierno sobre la situación real del país y los núcleos donde las organizaciones obreras clandestinas son especialmente fuertes.
Los paros comenzaron al cabo de una semana de negociaciones. Los directores de Bazán querían imponer un convenio colectivo interprovincial, que afectará por igual a los obreros que la empresa tiene en Cádiz y Cartagena, en el sur de España, y a los del Ferrol, en el noroeste. En este puerto gallego, donde hace 78 años naciera Franco, de donde su nombre actual —Ferrol del Caudillo—, están los principales astilleros de Bazán, que dan trabajo a 7 mil hombres. Los obreros pedían mejores condiciones y salarios más altos. El 8 de marzo se firmó en Madrid el convenio colectivo, que hacía triunfar las exigencias patronales, y se decidió despedir a 6 delegados sindicales, culpables de "haber celebrado reuniones y paros ilegales durante 3 días, para tratar de obligar coactivamente a la organización gremial en el curso de las negociaciones". Cuando en la mañana del jueves se supo la noticia en el Ferrol, los 3 mil operarios del primer turno ocuparon los talleres, reclamando la reincorporación de los despedidos.
EL ARROJO POLICIAL. Los directores de la empresa estatal, siguiendo instrucciones reservadas del Ministerio de Trabajo, ordenaron el lock out y llamaron a la policía, que rodeó el amplio recinto. A las 5 de la tarde, después de 3 toques de corneta, los uniformados entraron a los talleres. Mil 500 obreros les hicieron frente, y se registraron los primeros choques: 27 heridos (5 hospitalizados, entre los cuales 2 policías). Cuando finalmente fueron expulsados, varios centenares de manifestantes apedrearon la sede de los sindicatos y pretendieron congregarse en la plaza de España, donde se levanta una monumental estatua del Generalísimo. Sonaron entonces los primeros disparos, y se realizaron las primeras detenciones.
Al día siguiente, a las 6 de la mañana, los obreros empezaron a agruparse en los cantones, ante las puertas cerradas de los astilleros Astano, situados a 3 kilómetros de distancia, para pedir a los 12 mil asalariados que allí trabajan que se unieran al movimiento de protesta. Poco más tarde, esos hombres componían una silenciosa columna que atravesó la ciudad (trazada con perfecta geometría dieciochesca por el rey Carlos III). En las plazas céntricas, la larga fila interrumpió el tránsito.
La vanguardia se encontraba ya en las afueras, en la explanada del Pilar, no lejos de la encrucijada donde se alza el cuartel de la policía, cuando 60 agentes le salieron al paso. Los dos tenientes a su mando creyeron que podrían disolver la manifestación como la víspera, efectuando tiros al aire. Pero la columna no se detuvo y los enfrentó con piedras y palos. Unos minutos después caían los 8 que marchaban a. la cabeza. Uno de ellos, Amador Rey, soldador de 38 años, casado, con 4 hijos, murió en el acto de un balazo en el corazón. Otros 50 fueron heridos, 5 de gravedad. Se produjo la desbandada. Mientras los obreros huían, los policías se replegaron al cuartel.
Grupos de hombres sombríos y enloquecidos apedrearon de nuevo el edificio de la organización sindical, a la vez que otros corrían a la fábrica de conservas Pysbe, a la Maderera Peninsular y a los astilleros Astano, para pedir la ayuda de sus compañeros. A las 11 de la mañana, Ferrol del Caudillo —puerto industrial y base naval de 90 mil habitantes— era una ciudad muerta. Todos los comercios, restaurantes, hoteles y bares habían cerrado. Los trasportes públicos dejaron de funcionar. Todas las fábricas hacían huelga. Sólo se oían las sirenas de las ambulancias y el galope de los "cosacos".
Desde el cuartel se solicitaron refuerzos: los efectivos (400) se estimaban escasos ante un posible ferrolazo. Inmediatamente se pusieron en marcha más de 1.500 agentes de La Coruña, Oviedo y Valladolid. Se sondeó la posibilidad de que hubiese que recurrir a la infantería de marina acantonada en la ciudad.
LA VOZ DE LA IGLESIA. En las primeras horas de la tarde, grupos de enlutadas mujeres intentaron manifestar por las calles céntricas, pero la policía ya se había repuesto del desconcierto matutino. Al anochecer detuvo a una veintena de conocidos dirigentes de las comisiones obreras clandestinas, entre ellos el comunista Rafael Pillado, a quien el voto de los compañeros de Bazán había ungido para la presidencia del Sindicato Gubernamental de Metalúrgicos.
Temprano en la mañana siguiente, varios centenares de operarios pretendieron reagruparse ante las puertas de los astilleros y reunirse en el edificio de la organización sindical, pero unos y el otro permanecían cerrados. De boca en boca cundía la noticia: uno de los heridos, Daniel Niebla, había muerto. Los agentes intervinieron, y tras dispersarlos recorrieron los comercios para que abrieran. A mediodía, el Ferrol, tenso y airado, era una mueca de normalidad. Sólo latía un foco de agitación en el cementerio, donde se enterraba al primero de los asesinados. Parientes y amigos íntimos —más de 80 personas-fueron autorizados a penetrar en la necrópolis. Medio millar de obreros vieron impedido su acceso. El sepelio de la segunda de las víctimas ofreció menos dificultades: se efectuó sin avisar a nadie.
Aquella tarde llegó el obispo de la diócesis, monseñor Miguel Angel Araujo, que se hallaba en Madrid asistiendo a da más importante de las conferencias episcopales: la que decidió independizar a la Iglesia del poder civil. El prelado visitó los hogares de los caídos para consolar a viudas y huérfanos, y después se reunió en la catedral con los párrocos, para preparar una homilía. Al día siguiente, mientras un comunicado
oficial atribuía los incidentes a “células de matiz comunista que habían intentado iniciar un movimiento de subversión”, la voz de los sacerdotes resonó: "No puede descartarse un problema obrero acudiendo a la palabra subversión a secas. Los trabajadores tienen derecho a reunirse y deliberar para quedar al amparo de las coacciones del poder económico o del monopolio oficial. Despedir a los representantes obreros en plenas deliberaciones es totalmente injusto. El Decálogo ordena: «No matarás», lo mismo que los códigos actuales de la sociedad civil, que buscan medios pacíficos para eliminar la violencia y la muerte. Es preciso que el orden público recurra a otros métodos que el uso de las armas contra muchedumbres desarmadas”.
LA AGITACION QUE NO CESA. Los sangrientos incidentes del Ferrol del Caudillo llegaron amortiguados por la prensa, pero conmovieron a las minorías politizadas del resto de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de Madrid. En Vigo, el miércoles pasado, 10 mil obreros seguían en huelga. En Sestao, corazón industrial de Bilbao, 3 mil obreros desfilaron gritando: “Pedimos pan y nos dan plomo”. En Valladolid, los trabajadores de Renault entraron en los talleres con brazaletes negros. En Madrid se sucedieron las manifestaciones de grupos de jóvenes en la Ciudad Universitaria y en los barrios obreros de Cuatro Caminos, Lavapiés y Canabanchel, y al mediodía pudieron contarse por decenas los detenidos y las vidrieras rotas de bancos y comercios.
La agitación estudiantil, que se prolonga desde que comenzaron los cursos, en octubre pasado, encontró renovados motivos de lucha y se perdieron las escasas esperanzas de que este año los universitarios pudiesen recibir una enseñanza mínima. En algunas facultades, en los últimos 6 meses apenas hubo 15 días de clase. “Granada, Madrid, Barcelona, Eibar y ahora el Ferrol: 11 obreros asesinados en dos años. Este es el gobierno del Opus Dei”, rezaba un cartel colocado a la entrada de la facultad de Ciencias Económicas.
Los paros y huelgas previstos por el Ministerio de Trabajo, que vienen produciéndose desde principios de año, agregaron a las motivaciones estrictamente salariales la protesta por los muertos del Ferrol. El jueves pasado holgaban 7 industrias metalúrgicas, 7 fábricas en Galicia, 5 en Bilbao y 3 en Barcelona. En Madrid, las comisiones obreras convocaron a una huelga general de repudio, que sólo afectó a unos 15 mil operarios de la construcción, los talleres ferroviarios y un par de industrias metalúrgicas, así como a los profesores de gran parte de los liceos privados.
Estos enlazaban el movimiento de protesta con sus reclamos ante la nueva ley de Educación. Al mismo tiempo, los músicos amenazaban con declararse en silenciosa huelga, exigiendo el descanso semanal y seguros de paro e incapacidad, y hasta los toreros propalaron que comenzarían una medida similar el 2 de abril, si antes no se fijaban unos impuestos "razonables" para las grandes estrellas (millonarias) del ruedo y se programaban cursos de formación profesional obrera a fin de evitar que el proletariado taurino, los fracasados novilleros, caigan en la delincuencia y la homosexualidad.
RECETAS A LA MARINERA. “La situación se endurece. Ahora que nos acercamos al nivel del desarrollo (los mil dólares de renta anual per capita), cuando creíamos que se enfriarían las cabezas del pueblo al tiempo que se calentaban sus estómagos, los sucesos del Ferrol echan por tierra las teorías de los tecnócratas”, comentó un diputado falangista. Pero sería un error considerar que la cadena de sucesos sangrientos, huelgas y manifestaciones, inquieta a la gran masa de la población o preocupa al gobierno. La mayoría de los españoles, que sólo tiene un conocimiento fragmentario de tales acontecimientos, vive indiferente a ellos. El Estado, por boca del vicepresidente-almirante Luis Carrero Blanco, considera que “la salud política de la nación es buena, pero revela prudencia para conservar una buena salud el acudir con tiempo y decisión a corregir cualquier síntoma negativo”. La agitación —añadió Carrero, ante los miembros del Consejo del Movimiento Nacional— es consecuencia de la guerra subversiva de los comunistas, que “en los últimos 50 años no han cambiado lo más mínimo ni la doctrina ni su objetivo proselitista y a la vez imperialista”.
Para poner fin a los focos revolucionarios “aislados” la terapéutica del marino resulta sencillísima: “Es absolutamente indispensable que salgan para siempre de la Universidad los profesores y alumnos que allí llevan a cabo la subversión”. En cuanto a los obreros, “el gobierno está estudiando la manera de atajar con la mayor eficacia unos males que, si por el momento no son más que síntomas negativos que no afectan la salud política del Reino, deben ser corregidos con decisión y cuanto antes”.
PANORAMA, MARZO 21, 1972
Desde el Ferrol del Caudillo, escribe Armando Puente:
La nota reservada enviada por el Ministerio de Trabajo a los gobernadores y presidentes de los sindicatos estatales anunciaba una ola de huelgas "como consecuencia de varias circunstancias coincidentes": el rápido encarecimiento del costo de la vida (un 14 por ciento en 1970; un 19 por ciento en 1971), el escaso éxito de las medidas monetarias para conseguir la reactivación, las dificultades de muchas empresas para hacer frente a las demandas de aumentos de salarios ante la expiración de la vigencia de gran número de convenios colectivos, la posible intensificación de las actividades de las organizaciones gremiales clandestinas, por haber sido puestos en libertad muchos de sus líderes, beneficiados con el indulto concedido por Francisco Franco a fin de año.
La minuta ministerial enumeraba una serie de focos huelguísticos, dando instrucciones precisas para hacer frente a los conflictos laborales: no permitir que se prolongasen excesivamente las negociaciones, y en el caso de que patronos y obreros no llegasen a un acuerdo en el plazo máximo de un mes, suspender las deliberaciones. También se ordenaba recurrir a esta fórmula antes, “en cuanto surja la primera chispa huelguística". En ese mismo instante correspondía actuar al Ministerio del Interior, ya que "todo conflicto laboral es siempre un conflicto político y de orden público. La rápida intervención de la policía evitará así que se extiendan o consoliden”.
Las previsiones del Ministerio de Trabajo tenían igualmente en cuenta a la prensa, indicando que "deben darse orientaciones para que se silencien o reduzcan al máximo la mayor parte de las noticias o informaciones sobre esos conflictos".
Entre las industrias donde se temía que se produjesen medidas de fuerza, la nota mencionaba, en tercer lugar, a la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, lo que no era simple azar, sino consecuencia de una información exacta del gobierno sobre la situación real del país y los núcleos donde las organizaciones obreras clandestinas son especialmente fuertes.
Los paros comenzaron al cabo de una semana de negociaciones. Los directores de Bazán querían imponer un convenio colectivo interprovincial, que afectará por igual a los obreros que la empresa tiene en Cádiz y Cartagena, en el sur de España, y a los del Ferrol, en el noroeste. En este puerto gallego, donde hace 78 años naciera Franco, de donde su nombre actual —Ferrol del Caudillo—, están los principales astilleros de Bazán, que dan trabajo a 7 mil hombres. Los obreros pedían mejores condiciones y salarios más altos. El 8 de marzo se firmó en Madrid el convenio colectivo, que hacía triunfar las exigencias patronales, y se decidió despedir a 6 delegados sindicales, culpables de "haber celebrado reuniones y paros ilegales durante 3 días, para tratar de obligar coactivamente a la organización gremial en el curso de las negociaciones". Cuando en la mañana del jueves se supo la noticia en el Ferrol, los 3 mil operarios del primer turno ocuparon los talleres, reclamando la reincorporación de los despedidos.
EL ARROJO POLICIAL. Los directores de la empresa estatal, siguiendo instrucciones reservadas del Ministerio de Trabajo, ordenaron el lock out y llamaron a la policía, que rodeó el amplio recinto. A las 5 de la tarde, después de 3 toques de corneta, los uniformados entraron a los talleres. Mil 500 obreros les hicieron frente, y se registraron los primeros choques: 27 heridos (5 hospitalizados, entre los cuales 2 policías). Cuando finalmente fueron expulsados, varios centenares de manifestantes apedrearon la sede de los sindicatos y pretendieron congregarse en la plaza de España, donde se levanta una monumental estatua del Generalísimo. Sonaron entonces los primeros disparos, y se realizaron las primeras detenciones.
Al día siguiente, a las 6 de la mañana, los obreros empezaron a agruparse en los cantones, ante las puertas cerradas de los astilleros Astano, situados a 3 kilómetros de distancia, para pedir a los 12 mil asalariados que allí trabajan que se unieran al movimiento de protesta. Poco más tarde, esos hombres componían una silenciosa columna que atravesó la ciudad (trazada con perfecta geometría dieciochesca por el rey Carlos III). En las plazas céntricas, la larga fila interrumpió el tránsito.
La vanguardia se encontraba ya en las afueras, en la explanada del Pilar, no lejos de la encrucijada donde se alza el cuartel de la policía, cuando 60 agentes le salieron al paso. Los dos tenientes a su mando creyeron que podrían disolver la manifestación como la víspera, efectuando tiros al aire. Pero la columna no se detuvo y los enfrentó con piedras y palos. Unos minutos después caían los 8 que marchaban a. la cabeza. Uno de ellos, Amador Rey, soldador de 38 años, casado, con 4 hijos, murió en el acto de un balazo en el corazón. Otros 50 fueron heridos, 5 de gravedad. Se produjo la desbandada. Mientras los obreros huían, los policías se replegaron al cuartel.
Grupos de hombres sombríos y enloquecidos apedrearon de nuevo el edificio de la organización sindical, a la vez que otros corrían a la fábrica de conservas Pysbe, a la Maderera Peninsular y a los astilleros Astano, para pedir la ayuda de sus compañeros. A las 11 de la mañana, Ferrol del Caudillo —puerto industrial y base naval de 90 mil habitantes— era una ciudad muerta. Todos los comercios, restaurantes, hoteles y bares habían cerrado. Los trasportes públicos dejaron de funcionar. Todas las fábricas hacían huelga. Sólo se oían las sirenas de las ambulancias y el galope de los "cosacos".
Desde el cuartel se solicitaron refuerzos: los efectivos (400) se estimaban escasos ante un posible ferrolazo. Inmediatamente se pusieron en marcha más de 1.500 agentes de La Coruña, Oviedo y Valladolid. Se sondeó la posibilidad de que hubiese que recurrir a la infantería de marina acantonada en la ciudad.
LA VOZ DE LA IGLESIA. En las primeras horas de la tarde, grupos de enlutadas mujeres intentaron manifestar por las calles céntricas, pero la policía ya se había repuesto del desconcierto matutino. Al anochecer detuvo a una veintena de conocidos dirigentes de las comisiones obreras clandestinas, entre ellos el comunista Rafael Pillado, a quien el voto de los compañeros de Bazán había ungido para la presidencia del Sindicato Gubernamental de Metalúrgicos.
Temprano en la mañana siguiente, varios centenares de operarios pretendieron reagruparse ante las puertas de los astilleros y reunirse en el edificio de la organización sindical, pero unos y el otro permanecían cerrados. De boca en boca cundía la noticia: uno de los heridos, Daniel Niebla, había muerto. Los agentes intervinieron, y tras dispersarlos recorrieron los comercios para que abrieran. A mediodía, el Ferrol, tenso y airado, era una mueca de normalidad. Sólo latía un foco de agitación en el cementerio, donde se enterraba al primero de los asesinados. Parientes y amigos íntimos —más de 80 personas-fueron autorizados a penetrar en la necrópolis. Medio millar de obreros vieron impedido su acceso. El sepelio de la segunda de las víctimas ofreció menos dificultades: se efectuó sin avisar a nadie.
Aquella tarde llegó el obispo de la diócesis, monseñor Miguel Angel Araujo, que se hallaba en Madrid asistiendo a da más importante de las conferencias episcopales: la que decidió independizar a la Iglesia del poder civil. El prelado visitó los hogares de los caídos para consolar a viudas y huérfanos, y después se reunió en la catedral con los párrocos, para preparar una homilía. Al día siguiente, mientras un comunicado
oficial atribuía los incidentes a “células de matiz comunista que habían intentado iniciar un movimiento de subversión”, la voz de los sacerdotes resonó: "No puede descartarse un problema obrero acudiendo a la palabra subversión a secas. Los trabajadores tienen derecho a reunirse y deliberar para quedar al amparo de las coacciones del poder económico o del monopolio oficial. Despedir a los representantes obreros en plenas deliberaciones es totalmente injusto. El Decálogo ordena: «No matarás», lo mismo que los códigos actuales de la sociedad civil, que buscan medios pacíficos para eliminar la violencia y la muerte. Es preciso que el orden público recurra a otros métodos que el uso de las armas contra muchedumbres desarmadas”.
LA AGITACION QUE NO CESA. Los sangrientos incidentes del Ferrol del Caudillo llegaron amortiguados por la prensa, pero conmovieron a las minorías politizadas del resto de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, de Madrid. En Vigo, el miércoles pasado, 10 mil obreros seguían en huelga. En Sestao, corazón industrial de Bilbao, 3 mil obreros desfilaron gritando: “Pedimos pan y nos dan plomo”. En Valladolid, los trabajadores de Renault entraron en los talleres con brazaletes negros. En Madrid se sucedieron las manifestaciones de grupos de jóvenes en la Ciudad Universitaria y en los barrios obreros de Cuatro Caminos, Lavapiés y Canabanchel, y al mediodía pudieron contarse por decenas los detenidos y las vidrieras rotas de bancos y comercios.
La agitación estudiantil, que se prolonga desde que comenzaron los cursos, en octubre pasado, encontró renovados motivos de lucha y se perdieron las escasas esperanzas de que este año los universitarios pudiesen recibir una enseñanza mínima. En algunas facultades, en los últimos 6 meses apenas hubo 15 días de clase. “Granada, Madrid, Barcelona, Eibar y ahora el Ferrol: 11 obreros asesinados en dos años. Este es el gobierno del Opus Dei”, rezaba un cartel colocado a la entrada de la facultad de Ciencias Económicas.
Los paros y huelgas previstos por el Ministerio de Trabajo, que vienen produciéndose desde principios de año, agregaron a las motivaciones estrictamente salariales la protesta por los muertos del Ferrol. El jueves pasado holgaban 7 industrias metalúrgicas, 7 fábricas en Galicia, 5 en Bilbao y 3 en Barcelona. En Madrid, las comisiones obreras convocaron a una huelga general de repudio, que sólo afectó a unos 15 mil operarios de la construcción, los talleres ferroviarios y un par de industrias metalúrgicas, así como a los profesores de gran parte de los liceos privados.
Estos enlazaban el movimiento de protesta con sus reclamos ante la nueva ley de Educación. Al mismo tiempo, los músicos amenazaban con declararse en silenciosa huelga, exigiendo el descanso semanal y seguros de paro e incapacidad, y hasta los toreros propalaron que comenzarían una medida similar el 2 de abril, si antes no se fijaban unos impuestos "razonables" para las grandes estrellas (millonarias) del ruedo y se programaban cursos de formación profesional obrera a fin de evitar que el proletariado taurino, los fracasados novilleros, caigan en la delincuencia y la homosexualidad.
RECETAS A LA MARINERA. “La situación se endurece. Ahora que nos acercamos al nivel del desarrollo (los mil dólares de renta anual per capita), cuando creíamos que se enfriarían las cabezas del pueblo al tiempo que se calentaban sus estómagos, los sucesos del Ferrol echan por tierra las teorías de los tecnócratas”, comentó un diputado falangista. Pero sería un error considerar que la cadena de sucesos sangrientos, huelgas y manifestaciones, inquieta a la gran masa de la población o preocupa al gobierno. La mayoría de los españoles, que sólo tiene un conocimiento fragmentario de tales acontecimientos, vive indiferente a ellos. El Estado, por boca del vicepresidente-almirante Luis Carrero Blanco, considera que “la salud política de la nación es buena, pero revela prudencia para conservar una buena salud el acudir con tiempo y decisión a corregir cualquier síntoma negativo”. La agitación —añadió Carrero, ante los miembros del Consejo del Movimiento Nacional— es consecuencia de la guerra subversiva de los comunistas, que “en los últimos 50 años no han cambiado lo más mínimo ni la doctrina ni su objetivo proselitista y a la vez imperialista”.
Para poner fin a los focos revolucionarios “aislados” la terapéutica del marino resulta sencillísima: “Es absolutamente indispensable que salgan para siempre de la Universidad los profesores y alumnos que allí llevan a cabo la subversión”. En cuanto a los obreros, “el gobierno está estudiando la manera de atajar con la mayor eficacia unos males que, si por el momento no son más que síntomas negativos que no afectan la salud política del Reino, deben ser corregidos con decisión y cuanto antes”.
PANORAMA, MARZO 21, 1972