Pedro Quartucci se detuvo frente a la pizarra de una casa de cambio, en Córdoba y Reconquista. Una pequeña muchedumbre lo rodeó, mientras exclamaba: ¡Qué barbaridad! ¡Este ministro de Economía es un desastre! ¡El dólar sigue subiendo!
Lo oyó desde el primer piso del edificio, donde vive, un secretario del doctor Juan Carlos Pugliese; pero no distinguió el grito de “¡Corten!” que siguió a la frase de Quartucci. Entonces, llamó a la policía; cinco minutos después estacionaron dos patrulleros y supo que, bajo su ventana, se había rodado una escena del film Fiebre de primavera.
Aliviado, el funcionario se restregó las manos. No obstante, nunca quizá como aquella tarde de diciembre de 1964, el libreto de una película argentina se adelantaba a la realidad: así lo confirmaron los últimos siete días de este crucial enero. Porque la semana pasada, el Banco Central no consiguió evitar un alza de las divisas, que llevó al dólar en el mercado negro a 215 pesos.
El martes 5, sin embargo, el histriónico ministro Pugliese se decidía a confortar: “Afirmo que esto va a andar bien y que tomaremos las medidas necesarias para conjurar los peligros que existan. Aquí no va a pasar nada. Pueden estar todos tranquilos.” Pero cinco minutos antes había dicho que algo iba a pasar: “Existen peligros en el horizonte económico” y “nos tomará todo el mes pagar el aguinaldo y quizá haya atrasos para pagar en enero a la administración”.
La culpa del atraso era disparada a los legisladores de la oposición, que no quisieron ampliar otra vez los márgenes de emisión de moneda para financiar el déficit, al negarse a sancionar las reformas al artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese momento, en la Tesorería de la Nación había 14.000 millones de pesos y compromisos urgentes por 35.000 millones; del rígido artículo 49 sólo podían extraerse los postreros 1.792 millones de pesos. En las arcas del Banco Central tiritaban escasos 100 millones de dólares de libre disponibilidad, y el calendario de 1965 marca compromisos no postergados del orden de los 900 millones de dólares para los sectores público y privado.
La preocupación ya no corroía únicamente a Pugliese y su equipo. También al ministro de Defensa Nacional, Leopoldo Suárez: ese mismo día 5, en Mendoza, se vio obligado a incluir en sus declaraciones a la prensa un capítulo de excusas por la política inflacionista del gobierno.
Simultáneamente arribaba la avanzada de la misión del Banco Mundial que estudia la situación económica para dar un diagnóstico definitivo que permita o no al país el acceso a un crédito de 100 millones de dólares, una efímera tabla de salvación para el balance de pagos. La opinión preliminar del Banco era: refinanciación urgente de la deuda externa y freno a la inflación, atacando el déficit ferroviario, que las recientes huelgas apuntalaron.
Casi al mismo tiempo, el gobierno recibía una presión sincronizada de las fuerzas empresarias locales (Cámara de Sociedades Anónimas, Bolsa de Comercio, Cámara Argentina de Comercio) y de centros financieros del exterior (voceros de Londres, Nueva York, Francfort y Zurich) para que eliminara los inesperados gravámenes al capital, sancionados por la Cámara de Diputados a propuesta del democristiano Salvador Busacca. El gobierno podía consentir sin sonrojarse, y el jueves 7, el presidente de la Bolsa de Comercio, Juan Bautista Peña, al salir del despacho de Pugliese anunció que el Ministro aceptaba enviar al Congreso un proyecto de modificaciones.
Entre tanto, se sucedían las reuniones informativas en la residencia de Olivos, presididas por el ahora más inquieto Arturo Umberto Illia. Los temas se mantuvieron deliberadamente imprecisos (“las misiones cumplidas en el exterior” fue el más oficial y el menos convincente). Desde luego, se trataba la gravedad de la situación económica y la necesidad imperiosa de aumentar los precios de los combustibles, a pesar de la proximidad de las elecciones, con el fin de recaudar fondos adicionales (sumarán 55.000 millones de pesos anuales) y evitar así que la maquinaria burocrática deje de marchar por falta de recursos financieros. El jueves se conocían esos nuevos precios y la autorización del PE al transporte privado para elevar sus tarifas.
El viernes, la situación era todavía más grave: en las tres últimas ruedas cambiarías, el Banco Central llegó a perder 11 millones de dólares intentando en vano frenar la caída del peso. Las reservas quedaban en un nivel insosteniblemente bajo.
El presidente del Banco Central, Félix Elizalde, anunciaba por la noche otro pase malabar en el mercado cambiario: la reimplantación de los depósitos previos para importar, una traba más para comprar divisas. Los funcionarios del Banco Central observaban, preguntaban, cavilaban.
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La densidad económica de la semana hizo algo más que apesadumbrar a los hombres del gobierno y del Banco Central: destiñó, levemente, algunos rasgos importantes de la actualidad:
• El martes 5 extrañó a los observadores que el Ejército divulgara los pases y designaciones propuestos al PE antes de que los suscribiera el doctor Illia; según ellos, es la primera vez que, esta anticipación se produce. Los pases convirtieron al titular de Institutos Militares, general Juan Esteban Iavicoli, en jefe de la guarnición Campo de Mayo, ya que es ahora el general más antiguo de los que allí prestan servicios.
• El jueves 7, el juez electoral Leopoldo Isaurralde concedió personería política al Partido Justicialista y rechazó todas las impugnaciones del fiscal y de cuatro agrupaciones, entre ellas, UDELPA.
• El viernes 8, en fuentes presidenciales, se señaló que el Primer Magistrado había estampado su firma en el dictamen del tribunal superior de honor de la Fuerza Aérea que descalificó al brigadier general Antonio Cayo Alsina, el 2 de agosto de 1964, por falta gravísima (una carta que Alsina envió al presidente Guido, en setiembre del 63). Tras cinco largos meses de meditación, Illia resolvió cambiar el dictamen y transformarlo en amonestación, con lo cual evitaría a Alsina la prohibición de usar el título del grado y el uniforme. A nivel de la Secretaría de Aeronáutica, el episodio produjo irritación y se consideró arbitrario el canje de descalificación por amonestación, pues el Presidente sólo puede aprobar o rechazar el fallo, no modificarlo. ♦
12 de enero de 1965
Revista Primera Plana