Luego de seis años, diez meses y veinticinco días de emergencia militar, la Argentina vuelve a vivir en el cauce de la democracia. Sólo el tiempo podrá revelar si el país se consolida en ese cauce, si quiebra el estancamiento y progresa en armonía; en fin, si la normalización política puede llegar a facilitar la integración de fuerzas coherentes y democráticas —de izquierda y derecha— necesarias para la estabilidad de las instituciones republicanas.
El 28 de junio de 1966, con la excusa de que “el país se precipitaba hacia el desorden y que la democracia estaba enferma”, las Fuerzas Armadas desalojaron del poder al presidente Arturo Illia para inaugurar “una prolongada etapa de orden y autoridad”, quimera que nació de las simplificaciones de los tecnócratas, de las fantasías de ciertos ideólogos y de la astucia de los hombres prácticos. Es oportuno recordar que los tecnócratas clamaban por la “modernización” del país al tiempo que se quejaban de la lenta “tortuga” radical; que los ideólogos se morían de risa del “parlamentarismo burgués”, y que los hombres prácticos —con la ayuda de algunos dirigentes de la CGT— tramaban la ocupación de sus fábricas para convencer a los militares y a la gente moderada que la Argentina caería en manos de los marxistas.
Sería imprudente afirmar que todos los jefes y oficiales del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea aceptaron sin protesta aquella aventura nocturna, como sería peligroso olvidar que varios caudillos radicales —hoy genuinos voceros del “gran acuerdo nacional”— hicieron todo lo posible para que la tijera militar cortase el débil hilo de “la legalidad a medias”, el resultado que obtuvieron los alquimistas de la política tras los sucesivos y torpes vetos al peronismo. Pero sucede que al término de la emergencia preventiva, con las Fuerzas Armadas en repliegue, fatigadas y sin meta política a la vista, se oyen voces de triunfo en bocas de jefes derrotados. ¿Es que acaso el voto de doce millones de hombres y mujeres no fue la respuesta adecuada a siete años de administración militar? Sin duda, el pueblo rechazó tácitamente al gobierno de las Fuerzas Armadas y optó por la restauración justicialista; eligió con lógica, porque al margen de las emociones juveniles y de la nostalgia de millones de adultos, Juan Perón es aún el dirigente más lúcido que ofrece la clase dirigente argentina y, en consecuencia, el peronismo sigue siendo la fuerza más sólida y progresista que admite el entourage del poder.
Héctor Cámpora, hombre fiel al caudillo justicialista, prometió llevar adelante la “reconstrucción nacional”. La promesa, además de plausible, es correcta: hay que reconstruir el tejido conjuntivo de la Argentina. Es que el “orden autoritario” derivó en una realidad lamentable. Los antecedentes: murió a tiros Augusto Vandor, luego Pedro Eugenio Aramburu y después José Alonso; ninguno de esos atentados pudo esclarecerse, como si la Argentina fuese un jequeato primitivo y decadente sometido a la violencia de las bandas armadas.
Pero aquellas conmociones representaban el preludio de días peores: por “error o selección” también murieron Juan Carlos Sánchez, Emilio Berisso, Hermes Quijada, Oberdan Sallustro, Enrique Brandazza, Gerardo Cesaris, Emilio Jáuregui, Néstor Martins, los dieciséis presos de Trelew y decenas de policías, estudiantes, obreros, militares y simples espectadores de la “realidad”. Tampoco se podrá olvidar que estallaron bombas a granel, que se torturó a gente inocente, que abundaron los secuestros y que, en medio de las rebeliones populares, se incendiaron barrios, fábricas y comercios. Pero la calamidad recorrió otros meandros: la renta nacional pasó, en un 17 por ciento, de manos de los asalariados al Estado y a las grandes empresas extranjeras; muchas compañías argentinas cerraron sus puertas; la inflación alcanzó registros de catástrofe; los impuestos destruyeron a la clase media y agotaron la capacidad productiva; la usura desplazó al crédito; mermó la producción en el agro y la industria; más de 9.000 millones de dólares se “refugiaron” en el exterior mientras la deuda externa trepaba a los 7.000 millones de dólares. Puede argumentarse que los países en guerra “sufren” daños mayores, pero ¿recordará Pascual Pistarini la advertencia a Illia, allá por 1966, acerca del creciente desorden que sobrellevaba la Argentina? Si la recuerda, ¿el orden posterior fue el precio que tuvo que pagar el país para la “cura” de la democracia y la restauración del peronismo?
LA ESPERANZA. Con los antecedentes de la emergencia militar, Cámpora debería cometer “errores supremos” para agravar aún más la crisis. Equivale a decir que el presidente constitucional y sus colaboradores principales, con un módico programa de gobierno, pueden trasformarse en los “arquitectos” de la Argentina. Perón, como un patriarca, quizá aconseje a su ex pretor sobre el arte de “limpiar y reconstruir” el país, porque el viejo caudillo sabe que el polvo de una casa se tira en el tacho de la basura y nunca abajo de las alfombras; en política, la higiene supone una quimera, pero de vez en cuando la limpieza es necesaria. Se explica: es razonable que el próximo gobierno respete la mayoría de los compromisos económicos y financieros de la administración militar, pero sería imprudente que los lineamientos políticos condicionaran a la Argentina a vivir en las orillas de la verdad, fuese porque se intente establecer un régimen autoritario o se imagine que el peronismo es la mejor valla para contener al marxismo. Hace veinte años, Perón esbozó una salida inteligente que se agotó en 1955; el antiperonismo también se agotó en diecisiete años de frustraciones, pero esa “continuidad” de errores —la regla del deterioro— no reivindica a las doctrinas autoritarias que prosperaron en las naciones que fueron derrotadas en la última gran guerra y, menos todavía, a los “principios liberales” que acentuaron la dependencia argentina.
Es cierto que el movimiento peronista mantiene por ahora el vigor necesario como para “salvar” al país de la anarquía, pero no es menos cierto que se trata de un movimiento heterogéneo, donde abundan las confusiones ideológicas y las emociones, que se mantiene unido por las cualidades dialécticas y de conducción de un político excepcional. En la derecha y en la izquierda hay “gorilas” en capullo que “descubrieron” a Perón hace poco tiempo y, como los hombres prácticos, creen que el caudillo es inmortal. Nadie desea el colapso de Perón, aunque sería conveniente recordar todos los días que tiene 77 años; de ese modo, y porque es indecente que millones de personas inteligentes esperen sentadas el nacimiento de otro líder carismático, Cámpora debe cuidar la salud de la naciente democracia sin prejuicios reaccionarios. Entonces, si respeta el verdadero sentido del voto popular, su misión deberá orientarse a la integración de fuerzas políticas representativas y no a restablecer la imagen del partido único que, si bien agrupa a la oposición, a la corta o a la larga obliga a los militares a tomar el poder.
Desde la perspectiva económica el país es sano y ofrece posibilidades de progreso; no se equivoca José Gelbard cuando afirma que, “con un poco de esfuerzo y sentido común, la Argentina saldrá a flote”. Pero nadie debe engañarse: los problemas del país no derivan de “la mala administración y del caos económico”; esos datos de la realidad son, en esencia, formales. La Argentina se debate en el caos y la violencia porque su progreso, desde 1920, es inarmónico y dependiente de una clase —que la izquierda denomina oligarquía— que perdió el rumbo político y, por lógica, no sabe situarse en el “nivel de los tiempos”. Desde ese enfoque, Cámpora tiene un amplio horizonte para avanzar. En la Argentina ha finalizado una etapa crítica. La que comienza pertenece a todos los argentinos. ♦ Jorge Lozano
El gobierno de los argentinos (II)
Nerviosamente, el peronismo vivió con intensidad la última semana del largo exilio de 18 años con el gobierno. Sobre el filo del tránsito a la nueva etapa, los cuadros dirigentes y militantes del justicialismo trataban de acomodarse a la nueva perspectiva. Tras una larga espera en el llano, superior en duración a la vigencia en el gobierno —el primer período de la revolución justicialista—, el peronismo se prepara a ejecutar la segunda. Las características de ese proceso ya habían sido definidas por Juan Domingo Perón en Madrid, en enero, a muchos de sus visitantes. El tema central es "el gobierno sin oposición", táctica en la que JDP piensa subsumir a todas las fuerzas políticas —o a la mayor parte de las mismas—, para arrancar con el 90 por ciento de las fuerzas a favor o en estado de neutralización. Pero, ¿es posible gobernar sin oposición en una conflictuada sociedad como la Argentina? Perón, estratega de maniobras de largo aliento, desea, evidentemente, consolidar un proceso que comenzó a transitar el pasado 17 de noviembre con el Operativo Regreso. Ese día, cuando su sonrisa amplia y sus brazos abiertos volvieron a abarcar a sus compatriotas, el operativo "desarme" de sus adversarios comenzaba a ejecutarse. Perón procura que su segundo —y definitivo— retomo, se consume en el marco de un amplísimo consenso de pacificación. A este fin concurren tanto 'la Asamblea de la Reconstrucción Nacional en el restaurante Nino, centro del acuerdo político logrado por Perón y antecedente directo del Frejuli, como el gabinete orientado por José Ber Gelbard, el equipo de la "primera etapa", como ha sido calificado en el argot peronista.
Esa asamblea ha logrado la presencia hasta de las fuerzas de la izquierda argentina legalista (FIP, socialismo de Coral y comunismo oficial), críticos severos del peronismo durante los tramos previos a la campaña electoral y su mismo desarrollo. El afianzamiento de ciertas pautas mínimas comunes al conjunto de la mayoría de las fuerzas políticas permitirá tomar medidas que, no contando con la simpatía del establishment, sean sólidamente apoyadas, por ejemplo, por la rúbrica casi unánime del parlamento.
La compleja trama de intereses que deben ser acordados en el peronismo y el Frejuli, obligan a un delicado equilibrio para la confección del gabinete. Varios nombres fueron deslizados en el ir y venir de candidaturas: Alfredo Concepción, integrante de la Confederación General de la Industria y miembro del gabinete de Arturo Illia, sería parte del nuevo gobierno, con una salvedad casuística: lo integraría como hombre de empresa nacional y no como conspicuo asesor del núcleo directivo de la UCR. Con menos estridencia —y también menos probabilidades—, se asoció otra presencia radical en el primer elenco justicialista: Bernardo Grinspun, asesor de Raúl Alfonsín, quien también sería uno de los convocados. Junto a ellos, se computa la figura de David Graiver, un banquero amigo de Francisco Manrique y del ingeniero Horacio Zubiri, un antiguo consejero de Oscar Alende, ex ministro de Arturo Frondizi y derrotado candidato a vicegobernador de Buenos Aires, en las recordados comicios del 18 de marzo de 1962.
La "línea de la CGE" que encama Gelbard, no puede desligarse de la consulta y la negociación con el centro del peronismo local. El domingo 20, una prolongada reunión tripartita —5 horas de duración— tuvo lugar en el domicilio del secretario general del Movimiento Peronista. Sus participantes: Gelbard, José Ignacio Rucci y Juan Manuel Abal Medina. El impenetrable silencio de los participantes impidió descifrar los entretelones de la minicumbre. Empero, se supone que las exigencias sindicales frente al planteo cegeísta fueron expuestas con calor por el secretario general de la CGT, aparentemente no dispuesto a hipotecar la suerte de la Central Obrera a la del primer gabinete peronista. En ese sentido, habría una rotunda negativa sindical a pactar un alto el fuego laboral sobre la base del 25 por ciento de aumento. Del mismo modo, la dirección gremial se negaría a consolidar esta propuesta, a través de un público acuerdo CGE-CGT.
De todos modos, las diferencias gremiales entre la cúpula de la CGT y la de las 62 Organizaciones —en términos concretos Rucci y Lorenzo Miguel— acerca de la designación del ministro de Trabajo, se dirigían a la solución. Ricardo Otero, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la Capital Federal, hombre de la confianza de Miguel, sería el indicado para suceder a Rubens San Sebastián. Esta perspectiva se enlaza con la nueva política laboral que se piensa implementar a partir del 25 de mayo. Varios proyectos se están elaborando en este sentido: fortalecimiento de los sindicatos por rama de producción, con la consiguiente desaparición de los sindicatos por empresa; el establecimiento del fuero sindical; la sanción de la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores a los gremios, la restauración de la potestad de la CGT como interventora de los gremios adheridos. En este marco sindical, las batallas internas continúan activas. El lunes 21 se conoció una resolución del MUNOC-Lista Marrón —ente oficialista del gremio de la construcción— que procedía a expulsar en su plenario nacional, por 41 votos contra 7, a Roberto Bustos. El asunto tiene su importancia: Bustos, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es el secretario general de la filial Bahía Blanca de la UOCRA y como tal es la figura más notoria de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista). La resolución de Rogelio Papagno en favor de Segundo Palma, sucesor de Rogelio Coria al frente del instituto de Rawson 42, encendería nuevos fuegos dentro del clima renovador que se vive en el seno de las 62 Organizaciones.
Sin embargo, ese proceso tuvo un súbito salto el martes 22, al mediodía, cuando 5 balazos pusieron fin a la vida de Dirk Kloosterman, secretario general del Sindicato Mecánico y Afines del Trasporte Automotor (SMATA). Kloosterman, quien debiera soportar una sólida oposición interna del peronismo de base, el clasismo y el peronismo combativo en los últimos tres años, ingresó en la última gran reorganización de las 62 Organizaciones en el gran ente gremial peronista. Debió soportar —desde Córdoba—, la embestida del clasismo conducido por René Salamanca, actual integrante del secretariado de la CGT regional.
En cambio, las coincidencias se sucedieron en la oposición a las actuales autoridades universitarias, de parte de los dos grandes alineamientos del peronismo universitario: la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y el FEN-OUP, expresión del Trasvasamiento Generacional. A la dura embestida de la JUP en la Facultad de Filosofía y Letras contra las autoridades de esa casa, demandando el fin del continuismo, se agregó el ataque generado por FEN-OUP contra el decanato de Hilarie Chanennton y todo el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas. Tanto las Mesas Universitarias por la Reconstrucción Nacional, inspiradas por la JUP, como los Ateneos para la Reconstrucción Nacional que orienta FEN-OUP, convocan a la movilización estudiantil para liquidar los resabios “quedantistas” de las aulas'. De este modo, la perspectiva que desarrollan los jóvenes peronistas condiciona los márgenes de acción del ministro de Educación, cargo para el que se menciona a Jorge Taiana.
Este paralelismo en el accionar juvenil, supone una tregua en los tradicionales enfrentamientos entre ambos sectores juveniles hegemónicos (la tendencia y el trasvasamiento), que buscan sostener su posición y reacomodarse, respectivamente. Fuera de esta perspectiva quedó ubicado el Comando de Organización de Alberto Brito Lima. El C. de O., fue protagonista de un curioso episodio. Su presencia en el homenaje al militante peronista Héctor Gatica, tuvo en el vestuario y coreografía de sus militantes, características insólitas. Uniformados (camisa beige, pantalón azul), los seguidores del diputado nacional Brito Lima, se movilizaron al son de trompetas y el tremolar de banderas. Se trató aparentemente de una resurrección menor del tema de las milicias que ocasionaran una tormenta en la cúspide peronista. Si esa acción de Brito y la muerte de Kloosterman pueden incidir en el dictado de la ley de amnistía, se sabrá el largo sábado 26, día que las Cámaras dedicarán a la consideración de este tema, prioritario en la campaña electoral del Frejuli. Todavía no había sido unificado hasta pocas horas antes del mensaje de Héctor Cámpora, el criterio a adoptar en la eventualidad por el peronismo. Se desechó el criterio de Héctor Sandler y la bancada de la Alianza Popular Revolucionaria de aplicar una amnistía nominada a todos los condenados y procesados. Se esperaba, en cambio, que la ley que envíe el presidente Cámpora a las cámaras, propondrá que el ministerio de Justicia disponga la efectivización de la medida para los casos en que se haya dictado sentencia definitiva y que las cámaras de apelaciones se ocupen de todo lo referido a las causas en proceso. Este segundo trámite demoraría la libertad de un sector apreciable de los incluidos en la legislación de olvido.
El epílogo del funcionamiento del gobierno de la Revolución Argentina produjo cierta aprensión en esferas justicialistas. En las mismas se estimaba como grave la posibilidad de que fuera dictada, a horas de la trasmisión del mando, la reforma de la Ley de Defensa Nacional. El proyecto dejaría en manos del Presidente la capacidad de establecer “zonas de emergencia”. Por otra parte, las atribuciones que quedarían en la misma reservadas a los jefes militares encargados de las zonas, rebasarían el concepto de intervención federal que está claramente reglamentado por la Constitución. En el bloque de diputados frentistas surgió de inmediato la decisión de revocar el decreto ley, por decisión del Congreso, si finalmente la Junta de Comandantes decidiera introducir las actuales disposiciones vigentes en un nuevo cuerpo normativo. Es que el presidente Cámpora quiere un gobierno de los argentinos para “la reconstrucción nacional”. Por eso desea tener las manos libres. ♦
Revista Panorama
24.05.1973
Revista Panorama
24.05.1973
