Vuelta de tuerca en la Operación Masacre
Una
serie de descargas perforó el alba del 10 de junio de 1956. Cinco
cadáveres quedaron tendidos encima del basural, en José León
Suárez, a las puertas de la Capital. Acababa de inaugurarse uno de
los más oscuros y sobrecogedores capítulos de la reciente historia
argentina. La semana pasada, ese capítulo —que quizá no se cierre
jamás— volvió a cobrar actualidad.Aquella gélida madrugada de 1956, al amparo de la represión del levantamiento peronista contra el gobierno Aramburu, una docena de civiles fue arrestada en Florida, Buenos Aires, conducida a un descampado y fusilada a tiros de máuser por una brigada policial. Algunos detenidos consiguieron escapar y se transformaron en el hilo de Ariadna que guió al periodista Rodolfo J. Walsh por el laberinto.
En 1957, después de una copiosa y accidentada investigación, desenterró el episodio en su libro Operación Masacre y señaló al todavía jefe de policía de la provincia, teniente coronel Desiderio Argentino Fernández Suárez, como directo responsable de las ejecuciones. Los abrumadores testimonios compilados por Walsh agravaban el caso con dos conclusiones: 1) Fernández Suárez ordenó por su cuenta los fusilamientos; 2) ninguno de los arrestados estaba complotado en la sedición peronista.
A partir de Operación Masacre, cundieron las dudas y las polémicas; en cierto momento, la estabilidad de Fernández Suárez pareció tambalear. Pero el 24 de abril de 1957, la Suprema Corte pasó la causa —instruida por el juez platense Belisario Hueyo— a la justicia militar y se hizo la sombra. El propio Walsh tornó a rasgarla 7 años después, al revelar en la segunda edición de su reportaje el expediente de Hueyo, que confirmaba sus denuncias. En mayo pasado, el diputado justicialista Juan Carlos Cornejo Linares presentó un proyecto tendiente a conceder pensiones a los familiares de los fusilados y acusó otra vez a Fernández Suárez.
El miércoles último hubo una nueva vuelta de tuerca: se divulgaron dos cartas enviadas por Fernández Suárez, el 20 de noviembre del 64, al presidente de la Cámara de Diputados, Arturo Mor Roig, y al secretario de Guerra, general Ignacio Avalos. En ellas rechaza los cargos formulados por Cornejo Linares y por “libelos y prensa sensacionalista” y declara que “los civiles [fusilados] estaban en la intentona revolucionaria”, que él no ordenó las ejecuciones y que la justicia militar ya se había pronunciado sobre el tema.
Sin rastros del pasado
No pareció tan aplomado como en sus cartas cuando PRIMERA PLANA lo visitó el jueves por la mañana en las oficinas de Segurpol —cerca de plaza Lavalle—, una organización de policía privada que Fernández Suárez dirige desde noviembre de 1963. El pelo y el bigote están encanecidos en
la inquieta, nerviosa, cabeza de este sanluiseño de 55 años, retirado del Ejército por Perón en 1946, reincorporado a fines de 1955 y voluntariamente desprendido de esa arma en 1959, luego de que la Junta de Calificaciones no lo consideró en condiciones de ascender a general.
Fernández Suárez —quien después de los fusilamientos fue promovido a coronel durante el régimen de Aramburu— dijo que “la orden la recibí del gobierno”, que esa orden era un decreto del Poder Ejecutivo.
—¿La recibió por escrito?
—No recuerdo bien... Han pasado tantos años... Creo que la recibió un ayudante mío...
—¿Verbalmente?
—Creo que por teléfono...
—¿Quién firmaba la orden? ¿El contraalmirante Isaac Rojas, jefe del comando de represión?
—No... Espere... Rojas, no. Aramburu, tampoco. Fue una orden del gobierno. Fue un episodio muy doloroso. ¿Usted se imagina lo que podría haber pasado conmigo si no cumplía la orden?
—¿Cómo juzga usted ahora esos fusilamientos? ¿Eran justos?
—¿Qué hubiera pasado si los peronistas triunfaban? —inquirió a su vez Fernández Suárez ajustándose los lentes—. Eustaquio Tolosa, el dirigente portuario, hizo una proclama en la que anunciaba una noche de San Bartolomé para los antiperonistas si la revolución se imponía.
—¿Guarda alguna copia de esa proclama?
—Fue una grabación.
—Entonces, ¿usted entiende que, históricamente, los fusilamientos se justificaron?
—Todavía tenemos el mismo problema. ¿Se acuerda de Dorrego y Lavalle? Unos lo justifican a Lavalle, otros no. Creo que en junio de 1956 se hizo necesaria una enérgica represión.
Abruptamente, el ex funcionario de Aramburu dio por terminada la conversación; al comenzar, había recordado “los cuatro atentados terroristas que sufrió mi domicilio” (ubicado en Núñez, a 30 metros de la Comisaría 35ª) y hablado de sus dos hijos, Mario y Carlos, tenientes del Ejército y paracaidistas ambos. No quiso que se le tomaran fotografías.
La versión del hoy apagado Fernández Suárez se contradice con una pieza trascendental del proceso: la deposición prestada ante el juez Hueyo, el 17 de enero de 1957, por el oficial que dirigió las ejecuciones, el comisario inspector Rodolfo Rodríguez Moreno.
El tiro de gracia
En las fojas 58 y siguientes de la causa 3702 instruida por Hueyo (Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Nº 8, de La Plata) responde Rodríguez Moreno: “Preguntado por S. S. si el declarante recibió orden de fusilar a todos los detenidos, manifiesta el declarante: que... efectivamente, recibió por radio de la policía la orden terminante impartida personalmente por el señor jefe de policía de proceder de inmediato al fusilamiento de todas las personas que habían sido llevadas detenidas...”
Narra Rodríguez Moreno que los detenidos (Juan Carlos Livraga, Julio Troxler, Horacio di Chiano, Rogelio Díaz, Miguel A. Giunta, Reynaldo Benavidez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Lizaso, Mario Brión, Norberto Gavino, Vicente Rodríguez) fueron cargados en un carro de asalto; como no se le indicó lugar preciso para las ejecuciones, se decidió por “un terreno baldío existente a 20 cuadras de la ruta 8, en el camino que une dicha ruta con la localidad de Boulogne”.
“Agrega el declarante que la misión encomendada era terriblemente ingrata para el que habla, pues salía de todas las funciones específicas de la policía.” Sin embargo, la llevó adelante: siete se escaparon, cinco fueron fusilados (Carranza, Garibotti, Lizaso, Brion y Rodríguez) y rematados con el tiro de gracia de pistolas 45. Uno de esos disparos malhirió a Livraga que, como Troxler y di Chiano, huyó de la ejecución pero permaneció oculto en el basural. Los fugitivos se salvaron.
Al divulgarse las epístolas de Fernández Suárez, intervino Walsh una vez más. El jueves 14, en una entrevista con PRIMERA PLANA, rebatió al ex jefe de la policía provincial. Para respaldar su actitud, Fernández Suárez se remite al decreto Nº 10.634 del PE, “pero ese decreto ordenaba el fusilamiento de los coroneles Cortínez e Ibazeta y de otros militares, nunca el de los civiles sacrificados en José León Suárez”. Según Walsh, “está probado que los civiles fueron detenidos a las 11 de la noche del 9 de junio, antes de que la Ley Marcial entrara en vigencia, cosa que ocurrió sólo a la 0.32 del 10 de junio, como consta en el libro de locutores de Radio del Estado”.
El autor de Operación Masacre supone que “los asesinatos quedarán impunes, ya que el proceso murió cuando el sumario del juez Hueyo pasó a la justicia militar”. En cambio, estima necesario y posible que el Congreso apruebe la iniciativa de Cornejo Linares: pensión de 20.000 pesos mensuales para los deudos de los cinco fusilados, y 500.000 pesos como única indemnización para Livraga, hoy colectivero, una suerte de fantasma con la mandíbula destrozada por el tiro de gracia.
Entre tanto, la Secretaría de Guerra comunicaba no haber recibido aún la carta de Fernández Suárez. ♦
PRIMERA PLANA
19 de enero de 1965